El Fuero Laboral es una calidad especial que poseen ciertos trabajadores: dirigentes sindicales, trabajadores involucrados en proceso de negociación colectiva y mujeres embarazadas (éstas últimas hasta un año después de expirado el descanso de maternidad), que impide que sean despedidos de sus trabajos sin que lo autorice un Juez Laboral mediante un proceso especial de desafuero y por causas legales.

El objetivo del fuero es proteger y dar estabilidad laboral a estos trabajadores, quienes atendida su condición se encuentran mayormente expuestos a ser despedidos. Además del fuero maternal, nuestra legislación reconoce y protege expresamente la maternidad, otorgando a la mujer-madre una serie de derechos irrenunciables: derecho al pre y post natal, derecho a permiso en caso de enfermedad del hijo menor de edad, derecho a sala cuna, permiso de alimentación, derecho a permiso pagado para el padre de 5 días libres en caso de nacimiento de un hijo, derecho a post natal y fuero laboral para el padre en caso de fallecimiento de la madre, etc., todos los cuales en caso de incumplimiento, pueden y deben ser demandados ante el tribunal del trabajo competente.

Nuestro Código del Trabajo protege el derecho de los trabajadores a que no sean despedidos de manera injustificada, indebida o improcedente, sin el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho por el término del contrato.

El trabajador que ha sido despedido por aplicación de una o más de las causales de despido establecidas por el Código del Trabajo, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal para el despido, tiene derecho a recurrir ante el Juzgado del Trabajo competente a fin de que éste así lo declare.

El trabajador puede demandar las prestaciones de origen laboral que se le adeuden y en caso de despido injustificado, la indemnización sustitutiva del previo aviso y la indemnización por años de servicio. Hay que tener presente que el plazo para demandar por estos conceptos tiene un máximo de 60 días hábiles contados desde la fecha del despido.

Es enfermedad profesional la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

Al igual que lo señalado para los accidentes del trabajo, en caso de enfermedad profesional, la ley otorga al trabajador la facultad y el derecho, independiente de las indemnizaciones o pensiones de invalidez contempladas en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de demandar al empleador culpable el pago de una indemnización por los perjuicios sufridos por el trabajador, a causa de la enfermedad profesional, tales como daño moral y lucro cesante (pérdida de las ganancias futuras por no poder realizar las mismas actividades laborales como efecto directo de la enfermedad profesional).

Esta acción permite demandar no sólo al empleador directo, sino también solidariamente al dueño de la obra o faena en que se desempeñaba el trabajador (empresa principal en régimen de subcontratación). El plazo para interponer la acción dependerá de la enfermedad del trabajador y se contará desde la fecha de diagnóstico de la misma.

El artículo 202 del código del Trabajo establece que durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado.

Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no en estado de gravidez.

Una de las novedades de la reforma procesal laboral, es que por primera vez se introdujo en nuestro Código del Trabajo la protección de derechos que antes se encontraban consagrados únicamente en la Constitución Política del Estado.

Así, se entregó a los tribunales del trabajo el conocimiento de materias relativas a derechos fundamentales del trabajador, tales como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, libertad de trabajo, etc., cuando éstos, como consecuencia directa de los actos ocurridos en la relación laboral, se ven lesionados por el empleador en forma arbitraria e injustificada.

El trabajador que considere vulnerados los derechos fundamentales protegidos por el Código del Trabajo, deberá, dentro del plazo de 60 días, interponer denuncia ante el tribunal del trabajo competente, el que en caso de acogerse la denuncia, ordenará la reparación de las consecuencias que produjo la vulneración de derechos.

Ahora bien, si la vulneración de los derechos se produce con ocasión del despido del trabajador, se condenará al empleador además del pago de las indemnizaciones por aviso previo y años de servicio a que tenga derecho el trabajador, a una indemnización de perjuicios equivalente a una suma que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.

Cuando el empleador invoca en su carta de despido la causal de necesidades de la empresa, estará obligado por ese sólo hecho a pagar al trabajador las indemnizaciones por aviso previo y años de servicio de una sola vez, al momento de extenderse el finiquito.

La ley supone en este caso, la existencia de una oferta irrevocable de pago de dichas indemnizaciones.

Así las cosas y para el caso en que el empleador por cualquier causa no pagare al trabajador las indemnizaciones contenidas en la carta de despido, éste último podrá recurrir ante el juez competente a fin de obtener forzosamente dicho pago, pudiendo además el juez sancionar al empleador con un recargo de hasta un 150% sobre las indemnizaciones contenidas en la carta de despido.

El plazo para instar el cobro de las indemnizaciones aludidas es de 60 días hábiles desde la fecha de la separación del trabajador de sus funciones.